La amenaza que hoy vive Venezuela se inscribe en la larga tradición de Estados Unidos por intervenir en los asuntos de política interna y económica de las naciones de América Latina. Varios han sido los propósitos de los gobiernos norteamericanos, entre ellos, asegurarse materias primas, concentrar la producción industrial, abrir mercados y
canales de comercialización para su propia expansión. El costo humano de estas transacciones se ha expresado en hambrunas, pobreza extrema, poblaciones diezmadas y sobre explotación de una mano de obra en condiciones semi-esclavizada en factorías y sembradíos.
Imperialismo de larga data
El imperialismo estadounidense es un proceso abierto, situado en el contexto capitalista actual, implica ciertas formas de expansión corporativa que van desde la implantación de talleres y fábricas, conocidas como maquilas en países que acuerdan flexibilidad laboral, supresión de impuestos y extracción de ganancias. Además de concentrar hegemonía financiera en el mundo, desde que el dólar se ha convertido en el patrón de reserva más grande, provocando también regímenes monetarios que favorecen al dólar por encima de las economías más deprimidas de la región latinoamericana y caribeña.
Entre 1950 y al cierre de la década de 1960, Estados Unidos concentró el poder económico y militar en América Latina y el Caribe. La tradición imperialista ya había dado suficientes muestras desde los años 30, al intervenir a varios países e influenciar en la elaboración de tratados y leyes que favorecían la extracción de recursos naturales. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre estas intervenciones y lo que sigue, en adelante, durante la segunda mitad del siglo XX? Podría destacarse la confrontación con otros actores que se presentan en la escena. La presencia de la Unión Soviética en la geopolítica mundial durante la década del 60 cobró más fuerza y puso en el tablero mundial la disputa por el control político y económico de varias naciones. Más aún, a comienzos del siglo XXI, países como China, India e Irán establecen negocios económicos con ciertos países de América Latina, poniendo en tensión la hegemonía de Estados Unidos sobre Suramérica.
Estados Unidos concentra la industria armamentística de la región. Su administración considera un porcentaje importante para la producción de armas y gastos de defensa, monopoliza las armas nucleares y participa en alianzas belicistas, entre ellas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En tanto, desde los años 50, las elites de América Latina en relación a Estados Unidos, han instaurado dictaduras militares, conformado oligopolios, establecidos acuerdos y alianzas para programas económicos y de defensa, diseñados y ejecutados por Estados Unidos, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Escuela de las Américas.
Intervenciones militares en países soberanos.
Algunas experiencias de la intervención militar de Estados Unidos sobre territorios soberanos en América Latina se han destacado por dejar numerosas víctimas, por un daño profundo a la economía y una creciente desigualdad social. Las incursiones desplegadas por el continente han estado amparadas por países de la región en las instancias multinacionales, fundadas y establecidas en Estados Unidos, tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que tienen su sede en New York y Washington, respectivamente.
En abril de 1954, durante los inicios de la Guerra Fría, la OEA aprobó la resolución de Estados Unidos para derrocar al presidente democráticamente electo, Jacobo Árbenz, en Guatemala. La asamblea reunida en Caracas, aprobó con esta resolución, la inmediata política macartista orientada a “erradicar” el comunismo en América Latina ante la influencia del internacionalismo soviético. En abril de 1961, tras el triunfo de la Revolución cubana, Estados Unidos apoyó a los mercenarios que intentaron invadir Bahía de Cochinos y, sin embargo, fueron derrotados por el Ejército revolucionario de Cuba. En esta ocasión, no concretaron el plan de proclamar un gobierno paralelo en Cuba que fuese reconocido por la OEA.
En 1965, tropas norteamericanas desembarcaron en República Dominicana con la anuencia de la OEA, que convino en la decisión. Un año antes, en Brasil, Estados Unidos derrocó al gobierno nacionalista de Joao Gulart. En 1973, participó directamente en el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, así lo demostró el senado estadounidense cuando hizo público un informe sobre la campaña creada contra la Unidad Popular a lo largo de diez años. En 1991, la “intervención humanitaria” de la ONU, liderada por Estados Unidos, a Haití, tras el golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide, provocó la salida en balsas de cientos de haitianos hacia las costas de Florida, huyendo de la miseria. El presidente Bill Clinton les negó la entrada a Estados Unidos, dejando un gran saldo de víctimas en alta mar y ejerciendo violaciones a los derechos humanos de migrantes y refugiados. Más tarde, Estados Unidos gestionó la restitución del presidente electo Aristide por presiones políticas. Sin embargo, hasta el día de hoy, Haití se encuentra sumida en una crisis humanitaria.
Una nueva “cruzada humanitaria”
Tras una etapa de relaciones conflictivas y de alianzas con los gobiernos latinoamericanos durante la década del 90, de implementación de programas de recuperación económica que trajeron más miseria y desocupación, el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, puso de nuevo en el centro de la disputa el modelo económico neoliberal. La reacción de Estados Unidos ante la nueva ley de hidrocarburos, contemplada en la Constitución Bolivariana de Venezuela, fue apoyar directamente el golpe de Estado a Chávez en 2002. Sin embargo, las fuerzas armadas acompañadas del pueblo hicieron posible la restitución del líder revolucionario en 48 horas. A partir de entonces, no han cesado en el intento de socavar la soberanía y aniquilar la Revolución bolivariana.
La actual intervención del Norte en los asuntos de política interna de Venezuela, apoyando y organizando a la oposición antidemocrática para derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, es un intento por recuperar la hegemonía en el continente con la ayuda de gobiernos nacionales de Suramérica, alineados a los tratados económicos que favorecen la acumulación capitalista.
Escribió: Mirella Davila Brito